Lo que necesitamos nosotros es un compromiso férreo del Estado para que no se produzcan más violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional, para que se garantice la vida”, señaló.
Con ocho líneas de acción, la Fiscalía consolida una estrategia que ha permitido judicializar a los responsables de crímenes en contra de los representantes de las organizaciones sociales del país.
Aquí se prioriza como primera hipótesis investigativa que la labor ejercida por un defensor de derechos humanos sería la causa principal de cualquier agresión en su contra. De igual manera, se han creado unidades itinerantes para reaccionar rápidamente ante cualquier hecho, se trabaja mediante la asociación de casos y hay una articulación permanente de las distintas dependencias de la entidad, entre otros.
Fiscales e investigadores hacen una caracterización de las organizaciones criminales que más atentan contra los líderes, con una identificación de objetivos estratégicos y redes de apoyo que permita su judicialización y desmantelamiento. Esta estrategia integral va ligada a un componente de perspectiva de género, orientación sexual, etaria, étnica, interseccional y de discapacidad, para tener un contexto y visión real de lo que ocurre en los territoritos.
Esclarecimiento de afectaciones a líderes sociales
A partir de 2021, la Fiscalía enfocó su actividad investigativa con los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas. La información recibida y acumulada de los años anteriores da cuenta de 887 homicidios, de los cuales se han resuelto el 58,62%.
En total se han logrado avances en 616 casos respecto a los reportes entregados por Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales y plataformas sociales.
Sobre estos hechos con avance, la Fiscalía ha obtenido 168 condenas. En este momento, 210 hechos avanzan en etapa de juicio, se han materializado 77 imputaciones y en 129 hechos hay órdenes de captura contra los señalados responsables.
“Hemos logrado corroborar, por ejemplo, probatoriamente dos aspectos en Colombia. el primero, es que la mayoría de los homicidios ocurren en zona rural contra líderes comunales, indígenas, comunitarios y afrodescendientes. (…). El segundo, es que en el 66% de los casos con avances procesales el responsable es una organización criminal”, aseguró el Fiscal General Barbosa Delgado.
Al tiempo, resaltó la efectividad del grupo especial conformado para investigar las amenazas a lideres, representantes de la sociedad y defensores de derechos humanos, que ha logrado 14 condenas, lleva 33 procesos en juicio, y en 68 casos ha solicitado o materializado imputaciones.
Estrategia “Defensores Colombia, un aporte para la región”
La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, y su Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL); y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), realizará durante dos días el encuentro “Estrategia Defensores Colombia, un aporte para la región”, una iniciativa que busca reconocer la importante labor que a diario cumple este grupo de personas en diversas regiones del país, así como intercambiar experiencias en materia de investigación de hechos que los afectan.
“Sabemos que no es una tarea sencilla perseguir este tipo de delitos, pero hemos visto como el trabajo articulado y conjunto de estas instituciones ha dado importantes resultados, como el enjuiciamiento de integrantes y cabecillas de organizaciones delictivas detrás de estas conductas criminales. Queremos seguir brindando nuestra asistencia para fortalecer aún más las capacidades de estas entidades”, afirmó Elizabeth Powers, jefe de División de Estado de Derechos de INL.
En cada una de las distintas jornadas de diálogo programadas participan defensores y defensoras, quienes explicarán el concepto de persona defensora de derechos humanos, el rol que cumplen en sus comunidades, los diferentes tipos de liderazgos, entre otros importantes aspectos de su ejercicio social.
Al encuentro asisten delegados de las fiscalías y ministerios públicos de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, países con los que se compartirá la experiencia de Colombia y con los que se realizará un intercambio sobre las realidades de sus países en la defensa de los derechos humanos.
Cortesía Fiscalía General de la Nación
